La comunidad internacional puede impulsat un processo que no comienza

por Gustavo Valdivieso

The author of the following analysis, commenting on an article by U. S. Ambassador Robert E. White in an issue of American Diplomacy entitled “The Wrong War,” is a Colombian journalist specializing in political and government affairs. Sr. Valdivieso’s precis of the commentary is available in English. He invites comment by e-mail at gvaldivieso@hotmail.com. —Ed.

UN RECIENTE ARTÍCULO del embajador Robert White sobre Colombia consideraba que la asistencia que por 1.3 billones de dólares acordó Estados Unidos para este país puede claramente considerarse “intervención en la guerra civil de otro país.” El embajador White—quien conoce Colombia personalmente—destaca las tradicionales dudas de los norteamericanos sobre lo apropiado de las intervenciones, y considera que quienes apoyan el componente militar de la ayuda norteamericana a este país pretenden “reducir complejos problemas políticos, económicos y sociales a sólo un blanco identificable y atacarlo con fuerza militar.”

El embajador White es profundamente escéptico respecto a lo que aquí llamamos el Plan Colombia, pues piensa—al igual que muchos aquí—que la fumigación aérea, que es el principal componente de la estrategia de combate a las plantaciones de narcóticos, “no hará sino llevar a los campesinos más adentro en la jungla.” En pocas palabras, el señor White considera que la intervención de Estados Unidos será, en el mejor de los casos, inútil, pero que también tiene altas posibilidades de terminar en una situación al estilo de El Salvador o Vietnam, con los norteamericanos financiando a un ejército incapaz de ganar la guerra—y haciéndose co-responsables de una dramática situación de derechos humanos.

En las líneas que siguen se busca mostrar que el conflicto colombiano necesita la intervención, no sólo de Estados Unidos sino de la Comunidad Internacional en general, pero no para ayudar a ganar a uno de los lados, sino para terminar la guerra de la mejor manera posible, y tan rápido como sea posible. Una intervención muy diferente de la que insinúa el Plan Colombia, pero intervención al fin.

Lo peor acerca del conflicto colombiano no es que la ayuda norteamericana pueda agudizar la confrontación, o que el proceso de paz se congele. Lo peor es que ese proceso de paz ni siquiera comenzó.

Qué debería estar ocurriendo?

Jesús Antonio Bejarano, economista que se convirtió en uno de los hombres más preparados de Colombia en negociación de conflictos políticos, enseñaba a sus alumnos, poco antes de ser asesinado hace un año, que un proceso de paz real comenzaba cuando se iniciaba realmente la discusión sobre las incompatibilidades básicas—las razones que parecerían justificar que los actores del conflicto se dediquen a matarse. Eso es lo primero que no está sucediendo.

Pero hay unos motivos para que los enemigos se sienten a hablar, y que se refieren a lo que esté ocurriendo en las tres dimensiones en las que evaluamos un conflicto armado: intensidad del conflicto, balance de fuerzas (militares, políticas y sociales) y objetivos estratégicos de las partes. Un proceso de negociación con un enemigo que no se siente derrotado se da cuando la intensidad del conflicto y el balance de fuerzas lo hacen atractivo para ambas partes, y cuando esas partes están dispuestas a cambiar sus objetivos estratégicos.

Qué objetivos estratégicos tienen los actores del conflicto colombiano? Al menos uno de los grupos guerrilleros (las FARC) quiere, si no hacerse con el gobierno del país, al menos sí forzar cambios de fondo en la distribución del poder y de los recursos, acercándolos a un sistema socialista. En entrevista reciente concedida a la BBC de Londres, su ideólogo Alfonso Cano hablaba de propiedad mixta público-privada en los sectores “estratégicos” de la economía, eliminación del latifundio—más de 2.500 hectáreas—y nuevas formas de democracia como puntos centrales para un gobierno de transición, pero aclarando que “lo que queremos es el Poder”. El único objetivo estratégico del gobierno, hasta ahora, ha sido que deje de haber subversión.

En cuanto a la intensidad, el creciente grado de perturbación que está generando el conflicto en la actividad económica y en la capacidad efectiva de gobernar de las élites han hecho la negociación cada vez más atractiva para los últimos gobiernos y la población en general—vale la pena recordar los 10 millones de votos del Mandato por la Paz en 1997.

El balance de fuerzas se mantiene dentro de un statu quo, donde ninguna de las partes es capaz de propinarle golpes militares decisivos a la otra, y donde los esfuerzos de la subversión por ampliar su respaldo político tienen posibilidades sólo en el muy largo plazo. Esto no ha impedido que la guerrilla amplíe su radio de acción—y su capacidad de presión—consistentemente a lo largo del tiempo.

Las FARC alcanzaron un perfil muy alto entre 1996 y 1998 con la toma de varias guarniciones militares en sitios alejados, pero parecen haber perdido esa capacidad recientemente tras el inicio de una reorganización militar que se apoya en la mayor movilidad de tropas y el apoyo constante del arma aérea. Por su parte el Ejército, que parece medir sus resultados en “número de guerrilleros muertos,” no ha logrado en ninguno de los años recientes —los más virulentos de esta guerra—dar de baja más del cinco por ciento de los enemigos combatientes en las zonas rurales. También sigue siendo baja la capacidad para asegurar territorios, pues al mismo tiempo que se “recupera” el páramo de Sumapaz, muy cercano a Bogotá y de dominio guerrillero durante décadas, la insurgencia hace presencia nuevamente en la rica región bananera de Urabá, “recuperada” hace tres años.

Los ingredientes de un proceso exitoso

Hay tres tipos de procesos de negociación para estos conflictos: uno “inclusivo”—como el que se ha dado con todos los grupos insurgentes en Colombia hasta ahora, en que se negocian reformas o concesiones mínimas con ellos y se desmovilizan—uno distributivo, “yo me llevo la nevera y tú el televisor”, y otro dentro de un esquema “ganar-ganar” en que el mismo Establecimiento se convence de que la negociación es la oportunidad para cambiar lo que debe ser mejorado en el sistema.

En el caso de Colombia, donde las guerrillas actuales no quieren más reformas o pedacitos del poder, sino el Poder, sólo el tercer tipo de negociación tiene esperanzas en el futuro previsible.

Bejarano enseñaba a sus alumnos que, una vez iniciado, se necesitan cuatro cosas para que el proceso de paz en un país como Colombia pueda ser exitoso. Las primeras tres son

• a) la identificación clara de las incompatibilidades básicas a negociar,
• b) una presión sistemática de la sociedad civil sobre todos los actores para acelerar el proceso, en la definición de la agenda y en el control del alcance y cumplimiento de los acuerdos, y
• c) una presión de la Comunidad Internacional, también sobre todas las partes, que la convierte en garante de los acuerdos y del mismo proceso.

La cuarta condición es que las percepciones de cada actor sobre sus fuerzas y las del contendor sean similares, y el equilibrio no se altere en forma que el proceso pierda atractivo. Las garantías mejoran cuando cada lado, evitando parecer débil, se ocupa de realizar acciones que fortalezcan la posición del bando más moderado en el campo enemigo.

En Colombia, dos años después de la desmilitarización por el gobierno de una zona de cuarenta mil kilómetros cuadrados para realizar conversaciones con las FARC, y mucho más de un año tras quedar definida una “agenda común” de más de 100 items y ya bastante etérea, ni siquiera el primero de esos puntos ha comenzado a ser discutido. La identificación de incompatibilidades básicas no se ha iniciado.

La sociedad civil y la comunidad internacional siguen apareciendo demasiado tímidamente, sirviendo de facilitadores más que ejerciendo una presión palpable sobre los diferentes actores del conflicto. Los países donde la insurgencia tiene representantes no parecen haber hecho grandes esfuerzos para que los guerrilleros respeten el Derecho Internacional Humanitario, condicionando a ese cumplimiento el mantenimiento de la representación. Tampoco ha habido ninguna presión sobre las partes para que aceleren la solución a una guerra que se está convirtiendo en problema humanitario de grandes proporciones, poniendo sobre la mesa los temas cruciales.

Por qué no se avanza?

La razón clara para que la discusión de los temas sustantivos no haya comenzado es que ninguna de las partes tiene premura en que inicie. Nadie en Colombia ha oído de reclamos del gobierno o la guerrilla por la lentitud del proceso de negociación sustantiva —que resuelva las incompatibilidades básicas—aunque esos reclamos sean frecuentes para los temas laterales (como el canje). Los motivos para ese desinterés caen en el campo de la especulación, pero hay algunos factores que pueden ayudar a entenderlos.

El primer factor sería una sensación de inseguridad del Gobierno ante la discusión de una agenda frente a la cual el mismo Gobierno seguramente no tiene consensos formados, y mucho menos se puede considerar que represente las posiciones de “las personas con ideales democráticos” o siquiera la totalidad de los empresarios, políticos y otros supuestos beneficiarios del actual estado de cosas. Los teóricos de la negociación insisten mucho en la importancia de las negociaciones al interior de cada campo, que son las que dan legitimidad y carácter decisivo a lo que se negocie con el contrario.

En el caso colombiano, el gobierno tal vez está actuando con inteligencia, articulando unos consensos mínimos en su propio campo antes de discutir los temas con la insurgencia, o tal vez no tiene ninguna idea de cómo iniciar ese proceso. Hasta ahora, lo más significativo ha sido conformar un “frente por la paz y la convivencia”, con la participación de las debilitadas dirigencias de los partidos tradicionales, un precandidato presidencial (Horacio Serpa), el representante de otra precandidata (Noemí Sanín) y dos congresistas independientes llamados a última hora. El primer comunicado del “frente” reiteró el consenso básico sobre la necesidad de insistir en la negociación con la guerrilla, lo que no deja de tener trascendencia cuando Serpa y Sanín parecen hoy los más probables sucesores del presidente Pastrana.

El grupo produjo también el mayor avance de conjunto sobre una posición de negociación, al insistir en que el futuro debe construirse “manteniendo firmemente los acuerdos, la unidad nacional, la democracia y el espíritu participativo de la Constitución Nacional.” Todavía bastante genérico.

Cuando se habla en el comunicado de asuntos sustantivos, se refieren a los mecanismos que aseguren el éxito del proceso, acuerdos sobre empleo y política económica, y diálogo sobre acuerdos políticos. Nada sobre cambios en las reglas de juego de la sociedad.

En el campo insurgente, los consensos internos son aún más importantes, ya que es de máxima prioridad evitar conflictos dentro de la organización y la posible escisión de sectores descontentos. El resultado es que se tiendan a realizar sólo las concesiones que el más “duro” de los sectores internos esté dispuesto a admitir.

Pero otros dos tipos de factores están actuando, y lo que queda por determinar es su peso. El primero es el convencimiento de al menos los dos principales actores de que sus posiciones de negociación pueden mejorar en el relativamente corto plazo, el gobierno con la reorganización militar y el apoyo de Estados Unidos que mejora su capacidad de combate, y la guerrilla precipitando el fracaso de esos nuevos esfuerzos militares (que producirían seguramente la desmoralización en el otro campo) y explotando toda oportunidad por darle al enfrentamiento un sentido de “guerra de independencia.”

El segundo factor es el mismo concepto de “equilibrio de poder” que maneja la guerrilla, y que incluye explícitamente las tendencias sociales y políticas. El alto desempleo y la crisis social que el Establecimiento no resuelve prometen mayor apoyo popular en el futuro, mientras la insurgencia trabaja en alejarse de la imagen comunista para consolidar la “Bolivariana”—reforzando de paso sus nexos con un gobierno venezolano que puede resultar muy importante en el balance futuro. La multiplicación de las milicias urbanas y el llamado Movimiento Bolivariano* permiten también multiplicar la presión social hacia adelante, y negociar con más posibilidades de obtener concesiones.

Si no hay incentivos para negociar realmente no habrá negociación, y eso es exactamente lo que sucede hoy, cuando la dinámica del conflicto está sólo en manos del Gobierno, la insurgencia—y cada vez más, para peor, de las “autodefensas.”

Lo malo del Plan Colombia

Si lo primero que se necesita es una negociación planteada para que ambos contendores “ganen” y que se ocupe de resolver las incompatibilidades básicas, la verdadera falla del llamado Plan Colombia no estuvo en incluir o no helicópteros o en no reforzar lo suficiente el componente social, sino en no canalizar los recursos—y la atención—de la comunidad internacional que se espera lo financie hacia esas mismas áreas donde se encuentran las incompatibilidades, comenzando por las más obvias: mecanismos de toma de decisiones sociales, distribución de la tierra y el crecimiento del poder de las comunidades rurales.

Mil millones de dólares del Plan Colombia podrían financiar la reforma agraria más rápida, completa y efectiva en la historia del país. Una cantidad algo superior, orientada a infraestructura crítica en regiones aisladas, y combinada con esa reforma, concretaría oportunidades para el cambio de actividad de decenas de miles de campesinos cocaleros. Y de paso crearía nuevas realidades políticas, pues sólo hay que ver las series estadísticas para descubrir que las regiones con menor crecimiento histórico en el país tienden a ser la de mayor estancamiento político y a estar en manos de oligarquías locales—con su poder en gran parte sustentado por la posesión de la tierra.

Y la presión internacional—particularmente la de Estados Unidos, quien pone las armas—sería de gran utilidad para asegurar reformas políticas y económicas de fondo, como un régimen impositivo que le quite el atractivo al “engorde” de tierras improductivas y mecanismos para hacer más real el control sobre los elegidos. Gran parte del Establecimiento, en todos los sectores, está convencida de que esos cambios son necesarios, y el resto deberá convencerse en el camino. El sector agrario privado, hasta ahora la mayor víctima de la guerra, sabrá agradecer cambios estructurales que lo ayuden a desarrollar todo su potencial.

El énfasis en el desarrollo de microempresas y del sector cooperativo contribuiría también a mejorar la distribución del ingreso—y con ella la distribución del poder—en la sociedad colombiana. Tampoco estaría de más que Europa y Estados Unidos ayudasen a acelerar el paso hacia una economía que favorezca la propiedad pública—distribuida entre muchos accionistas—de las empresas de mayor tamaño. Todas estas no son sino formas de construir una sociedad con muchos más ciudadanos con capacidad efectiva de influir sobre el Estado, y donde a paz que se alcance sea más fácil de sostener.

Por ahora se prevé que los recursos “sociales” del Plan, en cambio, serán destinados a financiar obras que podrán beneficiar a poblaciones específicas, pero no contribuirán en conjunto a la superación del conflicto, pues no son parte de un conjunto y mucho menos de consensos mínimos de negociación.

Cambiando la dinámica del conflicto

Habrá un proceso consolidado pronto? Dentro de la dinámica actual, la respuesta es un sencillo NO. Tal vez incluso los actuales diálogos no terminen en un fracaso inapelable, sino que sirvan como parte de un proceso lento de preparación del clima y de identificación de las “incompatibilidades,” para que la negociación comience muy lentamente y se vuelva en unos años más firme y exitosa. Pero por ahora no se ha construido nada que la maleza no pueda cubrir en poco tiempo.

Hoy son muy altas las posibilidades de que el proceso Gobierno-FARC, y el que está comenzando con el ELN, se tomen años sólo para empezar a hablar de lo que es decisivo en la mesa de negociación. Mientras tanto, la intensidad y la degradación del conflicto parecen destinadas a incrementarse, y con ellas el empobrecimiento del país.

Estado y guerrilla están aún muy distantes de modificaciones importantes en sus objetivos estratégicos, o siquiera de modificar la forma en que conducen la guerra. Y al mismo tiempo siguen reticentes a cualquier intervención internacional que no sea para acompañar los procesos—con un avance hacia la verificación en el caso del ELN.

Pero el profesor Bejarano enseñaba a sus alumnos que no tiene por qué ser así. La comunidad internacional y la sociedad civil colombiana pueden asumir roles más activos, ayudando a cambiar esa dinámica tan poco enfocada en lo central y de tanta lentitud en los resultados. Colombia necesita intervención internacional en su conflicto, pero no para apoyar a uno de los lados, o para acompañar el proceso, sino para ayudar a la sociedad civil colombiana—ella misma en peligro—a convertir los procesos de paz en negociaciones orientadas a buscar las oportunidades de construcción con beneficios conjuntos, abordando y resolviendo así las incompatibilidades básicas que tienen a los colombianos asesinándose.

En primera instancia podría pensarse que fuesen las Naciones Unidas las abanderadas de esa intervención, asumiendo una “mediación de alta intensidad” similar a la que desarrollaron en El Salvador, donde llegaron a replantear los planteamientos de las partes y presionarlas para que cediesen en ciertos puntos. De hecho, la ONU ya hizo presencia en el conflicto colombiano a través de un representante del Secretario General, quien a nombre de la Comunidad Internacional se encarga de tender puentes cuando las partes parecen imposibilitadas para ceder ante el contrario. Pero las Naciones Unidas aún no presionan para que la negociación salga de los temas laterales—no los de procedimiento, los laterales—y se oriente hacia los sustantivos.

Precisamente porque el proceso no está “a punto” como estaba en El Salvador, sino con al menos una de las partes sumamente desorientada y con ambas apostando al futuro, el rol que puede jugar la ONU en Colombia sin ser repelida es por ahora limitado. Se hace necesario complementarlo con otro tipo de intervención de fuerzas con capacidad de influir directa e inmediatamente sobre las partes, y esas fuerzas son Estados Unidos y Europa, de quienes dependen la viabilidad financiera del Establecimiento y gran parte del espacio político y las redes de apoyo de la guerrilla. Son esas fuerzas las que pueden acelerar la modificación de la conducción de la guerra, y más pronto que tarde su fin, convenciendo a las partes de que negociar ahora puede ser mejor que después. Y El Plan Colombia puede pasar de lo que es a una verdadera estrategia para el lanzamiento de una sociedad sostenible de postconflicto, la idea del Plan Marshall que tanto se ha manoseado en este país.

Se justifica que Estados Unidos se involucre en presionar a un país a rediseñarse para hacerse viable? Esta intervención puede parecer más contraindicada que la planteada hasta ahora—por resultar con dos enemistades en vez de una—pero al final de la Segunda Guerra Mundial se justificó, y con millones de vidas cercanas a la desesperanza esperamos que el embajador White—y muchas personas influyentes como él—estén de acuerdo en que en este caso también vale la pena.

 

A New kind of intervnetion for Colombia

The international community can help make the peace process work

by Gustavo Valdivieso

AMBASSADOR ROBERT WHITE´S recent article on Colombia considered that the United States´s 1.3 billion dollars assistance “amounts to intervention in another country´s civil war.”

He remarks that “Americans have always been skeptical about the wisdom of intervening,” and that what supporters of the military component of the U.S military aid to this country do is “reduce complex political, economic and social forces to one manageable target and attack it with military force.”

Ambassador White is deeply skeptical about what we call Plan Colombia, thinking that spraying with herbicides can do nothing “but to drive the campesino cultivators deeper into the jungle.” In a word, he considers U.S intervention will be, in the best case, useless, but it has a high possibility of ending in an El Salvador—or Viet Nam—type situation, with Americans financing an army unable to win the war—and an awful human rights situation.

Ambassador White is right about the lack of wisdom in reducing Colombian problems to situations that can be managed just with guns. He may be right about Plan Colombia as we know it. But he´s tragically wrong if his conclusion is that Colombia should be left “free” to solve “its own problems.” As the director general of the second most important newspaper in Colombia put it, the worst thing that could happen to Colombia now would be the world turning eyes away from it (El Espectador, 30/03/2001). The Colombian conflict needs the intervention not only of the United States, but of the whole international community—not just to help one of the sides win the war, but to end it in the best possible way.

What should be happening now?

The worst fact about the Colombian war is not that the helicopters will make it worse or that the peace process can be frozen. The real problem is that the peace process has not even started yet.

Jesús Antonio Bejarano, an economist who became one of the best informed Colombians on political conflicts negotiation—and who was assassinated in September 1999—used to teach his students that a real peace process starts when the discussion about basic differences begins. Those contradictions are the reasons that allegedly justify one side to be killing the other. That discussion is exactly what is not happening. And, if the Colombian chaos is left to be managed with our expertise alone, who knows when it will begin.

There are three dimensions we must consider when evaluating a military conflict: Intensity, balance of power (that includes military, political, and social forces), and strategic objectives of the sides. A negotiation with an enemy who doesn´t feel defeated begins when the intensity of the conflict and the balance of power make it attractive for both parties, and when those parties are ready to consider changing their strategic goals.¹

What are the strategic goals of the players in Colombia? At least one of the guerrilla groups (the FARC) says it wants, if not the government of the country, at least the fall of the current form of government, forcing radical changes in the distribution of power and resources, and bringing the country close to a socialist system. In an interview with the BBC World Service´s Spanish correspondent in Colombia, FARC´s ideologist Alfonso Cano talked about mixed state-private property in the “strategic” sectors of the economy, eliminating latifundia—properties of more than 2500 hectares—and new forms of democracy as the key tasks for a transition government, but making clear that “what we want is power.” The government´s sole objective, so far, seems to be having the subversion cease.

As for intensity, the growing levels of disturbance the conflict is generating in economic activity and in the capacity of politic elites to rule have made negotiation more attractive for recent administrations—and for the people in general. We must not forget the ten million votes that backed a “Mandate for Peace” in October 1997.

The power balance remains in a status quo, none of the sides being able to inflict decisive damage on the other, and insurgency´s efforts for broadening its political support having possibilities of success only in the very long term.

The FARC reached a very high profile between 1996 and 1998, taking some military forts in remote places, but they seem to have lost that capacity after the beginning of the army´s reorganization sustained upon increased troop mobility and the constant backing of air power. However, the army, which seems to measure its results in terms of “number of guerrilla men dead,” has not been able to inflict casualties of more than five percent of its armed enemies in any of the last three years, the most intense of the war. The capacity to secure territories is also low, for at the same time the Sumapaz paramo near Bogota is “recovered” from a guerrilla rule that lasted for decades, the FARC returns to the wealthy banana region of Uraba, “recovered” three years ago.

What a successful process needs

There are three kinds of negotiation processes for these conflicts. The first is an “inclusive” one like those carried out with all the reinserted guerrilla groups in Colombia so far, in which minimal reforms or concessions are negotiated in exchange for demobilization. The second is “distributive”—each side receives a portion of power—and the third is the “win-win” approach in which the Establishment arrives at the certainty that negotiation is the opportunity to change what must be changed in the system.

In Colombia, where the stronger guerrilla group has clearly stated it doesn´t want more reforms or slices of power, but power itself, only the third kind of negotiation has any hope in the foreseeable future.²

Bejarano taught his students that, once started, four conditions are needed for a peace process to be successful in a country like Colombia.

The first three are

• a) the clear identification of basic differences to be negotiated,
• b) the systematic pressure of civil society over all of the actors to speed the process in the definition of the agenda and in controlling the scope and fulfillment of the agreements, and
• c) pressure of the International community, also over all the sides, that makes it a guarantor of the agreements and of the process itself.

The fourth condition is that the perceptions each party has about its own forces and the enemy´s are similar, and that equilibrium won´t be changed in a way that makes the process lose attraction. Guarantees improve when each side, avoiding the appearance of weakness, acts in a way that strengthens the more moderate party within the enemy field.

In Colombia, more than two years after the Government withdrew its troops from an area fifty percent bigger than the Netherlands to initiate talks with the FARC, and more than a year after a “common agenda” with over 100 items was defined, not even the first of those items has been discussed. The identification of basic differences has not yet started.

Colombian civil society and the international community are the alternatives to push the key armed players harder toward the beginning of a real negotiation. But they are still playing a role too timid, working more as “facilitators” than as forces able to influence the behavior of the government or the insurgency. Attempts in the second direction are still infrequent and rather weak.³

Countries where the guerrilla forces have representatives (Europe and Mexico) seem to be very enthusiastic about the International Humanitarian Law, but none of them seems to have made any real pressure for the observation of that law by the Colombian guerrillas as a condition for maintaining that representation.

The Profits of Silence

The obvious reason for the discussion of differences to be neglected is that none of the sides has an interest in it. Nobody in Colombia has heard the Government or the FARC acknowledging responsibility for the sluggishness of the process of substantive negotiation, although those claims are frequent for secondary topics (such as the exchange of prisoners). Any attempt to explain these attitudes would be speculation, but there are some factors that may help to understand them.

The first possibility would be the government´s insecurity before the need of discussing an agenda for which the government itself doesn´t have a consensus, and can hardly be considered the voice of the “democratic people”, or even of the businessmen, politicians, and other supposed beneficiaries of the current rules of the game.

Theorists of negotiation emphasize the importance of negotiation within each of opposing sides as necessary to legitimate and give decisive character to the agreements with the other side. In the Colombian case, the government is either acting in a smart way, articulating basic consensus in its own field before discussing the topics with the insurgency, or is completely clueless on how to initiate that process. There is no sign so far that the first is the case.

Among the insurgents the need for consensus is even higher, for it is a top priority to avoid internal conflict and the possible separation of disaffected sectors. The result is that only the concessions that the hawks´ party is ready to make are made.

There are other factors playing a role, although their impact is yet to be determined. The first is the belief both of the two main players have that their negotiating positions can change for better in the relatively short term. The government bets on military reorganization and the U.S support that enhance its combat capacities, and the guerrillas on their ability to make these new military efforts fail. That would surely precipitate the demoralization in the other field. The insurgency will also exploit every opportunity to give the conflict the profile of an independence war.

The second factor is the very concept of “balance of power” the guerrilla uses to make decisions, a concept that explicitly includes social and politic trends. High unemployment and a social crisis that the establishment doesn´t solve promise more popular support in the future, while the FARC works on getting rid of its “communist” image to consolidate a “Bolivarian” one. (This last step also strengthens its links with a Venezuelan Government that can be very important in the future balance.) Multiplying its militias and the presence of the “Movimiento Bolivariano” will also help to push social pressure more effectively in the future and to negotiate with higher possibilities of deep concessions. And the massive spraying is very likely to be the way to new sympathies for guerrilla.⁴

If there´s room for an additional problem, that will be the role of those paramilitary organizations that, fighting the guerrillas on their own terms, are reducing the legitimacy and representation of the army to its minimum. Diminishing the “need” for paramilitaries was supposed to be an outcome of the military reorganization, but it doesn’t seem to be the case. Today, Colombia seems pretty much closer to chaos than to the end of the war.

The new intervention

The real problem about the Colombian conflict is that, left to its own internal dynamics, it could take a decade or more—and thousands of civilian deaths—before it will be ready for an agreement (whatever the nature of the agreement). An active international community, supporting an active civil society, are necessary to shorten the time and to change the dynamics of the confrontation.

Plan Colombia has so far been a missed opportunity for changing those dynamics. If the first need for a real process is a “win-win” negotiation, focused from the beginning on basic differences, Plan Colombia´s true failure was not in including helicopters or not having a social component big enough, but in neglecting the opportunity for driving the resources—and the attention—of the international community to the very areas where basic divisions are concentrated, beginning with the more obvious: improving the life conditions and increasing the power of people in the rural areas, and helping to make the Colombian Government responsible for at least the life of its citizens, whatever their beliefs, their past, and the size of their bank accounts.

Few social changes in Colombia have at the same time been big enough and fast enough as to produce a sensible change in the way society is perceived by the population. And that is exactly what is required when this war ends: The sensation of a new, more promising beginning.

A billion dollars of Plan Colombia, concentrated in a period of a few years, would be able to finance the fastest, most complete and effective agrarian reform in the history of the country. A bigger quantity, directed to critical infrastructure in those isolated regions, would have made real the opportunities of abandoning coca for thousands of peasants.

International pressure—mainly from the United Stated, the sole military supporter of the government—would have been of great utility to ensure profound politic and economic reforms, like a tax reform ending the attractive of keeping productive land unused by its owners and some guarantees for those not supported for the landowners or the guerrilla in an election. A large part of the establishment (businessmen, intellectuals, politicians) is convinced that those changes are necessary, and the rest will understand in the process.⁵

So far, the “social” resources of the plan are planned to go to specific projects in specific areas, but won´t have an impact in the overcoming of the conflict.

Emphasis in developing small business and the cooperative sector would also contribute to improve income distribution—and with it power distribution—in Colombian society. Another key change would be to favor public ownership, distributed among as many shareholders as possible, of big enterprises. Democracy needs a minimum of income to sustain the independence of the voters.

The chances are now high that peace processes between Government and at least the biggest of the two main guerrilla groups will take years just to begin talking about what is decisive in the negotiation table, provided that negotiation table remains stable. God knows what kind of solution they will find for paramilitarism if it continues growing amidst chaos. Meanwhile, the intensity and the degradation of the conflict will do nothing but to increase the impoverishment of the country.

Who should lead international pressure to help end the Colombian war? The UN may seem a good candidate for repeating in Colombia the “high intensity mediation” it did in El Salvador, where they were able to modify the demands of the parties and to make them abandon some of those demands. As a matter of fact, the UN has already named a representative of the secretary general, who helps build bridges when the sides are unable to make concessions to the enemy. But the UN is not pushing hard yet—at least not in an open fashion—for the negotiation to abandon secondary topics and move to the substantive.

The Colombian process is not mature for a UN role of the kind in El Salvador. Here at least one of the sides is highly disoriented and both seem more confident in their own future in the war than prepared for peace.

There is a need for a complement to the UN. That complement may have the power of influencing directly and immediately the parties, and that is the power that only Europe and the United States have in Colombia. This country may be viable for its establishment only with American support (in the World Bank, the IDB, the IMF, in trade, in military equipment and training) and both the government and the guerrillas are very accustomed to looking in the direction of Europe, the ones looking for additional financial aid, the others looking for money, refuge, contacts, and nets of support.

It is the international community, but mainly Europe and the United States, that has a real chance of modifying the way this war is fought, and sooner than later end it, by convincing the parties that negotiating now can be better than after. Within that framework, Plan Colombia can change from what it is now to a true strategy for the building of a postwar society, the idea of a Marshall that so irresponsibly has been handled in this country.

Is there a reason for the United States to get involved in pressing the reinvention of a country, when it is likely to jeopardize its links with the ruling class that has been a friend? At the end of the Second World War the United States did help to rebuild Europe, guaranteeing a new beginning for a whole continent. This time, Europe and the United States won´t be able to say they are not aware that the destiny of forty million people depends on the choice their governments and political classes take between “accompanying” and wishing good luck to a disoriented process with very few perspectives, and on the other hand pressing the fighting parties to start working on a new country, a country where those without a gun can finally feel they have a destiny. We hope Ambassador White and many influential men like him agree this cause is worth the effort.

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